miércoles, 29 de octubre de 2008
SB-Noticias.- El Colectivo Leonardo, integrante de dicha Plataforma, afirma que el marco normativo impuesto por la consejería de Educación del Gobierno de Canarias para fijar los ratios de alumnos para las asignaturas optativas en bachillerato es erróneo y claramente perjudicial para la calidad del sistema educativo, al tiempo que vulnera claramente los derechos de los alumnos a estudiar lo que quieran.
La profesora de dibujo de Educación Secundaria y portavoz del Colectivo Leonardo, María José Zamorín, en declaraciones a Radio San Borondón, aseguró que los colectivos de profesores de Dibujo, Latín, Griego, Francés o Biología, etc., que han conformado la Plataforma reivindicativa para luchar por sus derechos están francamente preocupados por el grave deterioro de la educación pública en Canarias por la incapacidad del Gobierno.Zamorín explicó que se ha creado la Plataforma de profesores de las asignaturas que el Gobierno de Canarias quita de la oferta educativa en bachillerato, para reivindicar principal y fundamentalmente el derecho que tienen los alumnos a recibir una educación de calidad. Explica que los diferentes colectivos integrantes de la Plataforma (Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Ciencias, Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, Colectivo Leonardo, Asociación de Profesores de Francés, Delegación Canaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos e Insulae, Asociación de Profesores de Latín y Griego de Secundaria de Canarias) observan con preocupación que en bachillerato, en función de las matrículas que haya en un centro, se realiza una oferta o no a los alumnos, es decir, si los alumnos que cursan bachillerato quieren recibir formación de una asignatura optativa concreta, pero esta no alcanza un número mínimo de alumnos, el Gobierno de Canarias las deniega en función de los ratios oficiales que promueve la Consejería y que se cifran en 17 personas.Según María José Zamorín, para que una materia optativa se oferte en un centro concreto, debe haber una matrícula de al menos 17 alumnos, con lo cual este Gobierno de Canarias, por medio de la consejera Milagros Luis Brito, margina a los centros pequeños, normalmente la mayoría ya que son los de las zonas rurales del archipiélago, y a los alumnos que van a dichos centros, ya que pierden el derecho a cursar lo que realmente quieren y les conviene. Esto supone que los alumnos de los centros pequeños cursen sólo una optativa, ya que lo normal será que no haya suficientes para cursar otras.Con este hecho, continúa la profesora, se está vulnerando el derecho principal y fundamental del estudiante, que es elegir realmente lo que quiere y debe estudiar para su futuro profesional, de ahí que la Plataforma entienda que en la educación pública no se pueda permitir estas cosas, algo que sí entenderían que se dé en los centros privados, en donde como es evidente prima el interés económico, pero no en un centro público en donde debe primar el interés general.Asegura que los colectivos que integran la Plataforma, bien de forma individual o colectiva, llevan mucho tiempo solicitando una reunión con los responsables del departamento educativo del gobierno de Canarias, pero todavía no han obtenido respuesta alguna, lo cual indica el talante poco dialogante que caracteriza por otro lado a la consejera Luis Brito.Por último, Zamorín afirmó que el marco normativo impuesto por Educación para fijar los ratios de alumnos para las asignaturas optativas es erróneo y claramente perjudicial para la calidad del sistema educativo, al tiempo que como ya dijo anteriormente vulnera los derechos de los alumnos a estudiar lo que quieran.En definitiva, son medidas que empobrecen claramante la oferta educativa y establece una discriminación con respecto a muchos centros, sobre todo aquellos situados en lugares rurales, pero también con los alumnos de los centros más pequeños ya que muchas materias dejan de impartirse y los jóvenes, nuestro futuro, no tendrán derecho a elegir y recibir formación adeuada con respecto a sus intereses particulares que están establecidos por ley en los diferentes niveles formativos.
SB-Noticias.- El Colectivo Leonardo, integrante de dicha Plataforma, afirma que el marco normativo impuesto por la consejería de Educación del Gobierno de Canarias para fijar los ratios de alumnos para las asignaturas optativas en bachillerato es erróneo y claramente perjudicial para la calidad del sistema educativo, al tiempo que vulnera claramente los derechos de los alumnos a estudiar lo que quieran.
La profesora de dibujo de Educación Secundaria y portavoz del Colectivo Leonardo, María José Zamorín, en declaraciones a Radio San Borondón, aseguró que los colectivos de profesores de Dibujo, Latín, Griego, Francés o Biología, etc., que han conformado la Plataforma reivindicativa para luchar por sus derechos están francamente preocupados por el grave deterioro de la educación pública en Canarias por la incapacidad del Gobierno.Zamorín explicó que se ha creado la Plataforma de profesores de las asignaturas que el Gobierno de Canarias quita de la oferta educativa en bachillerato, para reivindicar principal y fundamentalmente el derecho que tienen los alumnos a recibir una educación de calidad. Explica que los diferentes colectivos integrantes de la Plataforma (Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Ciencias, Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, Colectivo Leonardo, Asociación de Profesores de Francés, Delegación Canaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos e Insulae, Asociación de Profesores de Latín y Griego de Secundaria de Canarias) observan con preocupación que en bachillerato, en función de las matrículas que haya en un centro, se realiza una oferta o no a los alumnos, es decir, si los alumnos que cursan bachillerato quieren recibir formación de una asignatura optativa concreta, pero esta no alcanza un número mínimo de alumnos, el Gobierno de Canarias las deniega en función de los ratios oficiales que promueve la Consejería y que se cifran en 17 personas.Según María José Zamorín, para que una materia optativa se oferte en un centro concreto, debe haber una matrícula de al menos 17 alumnos, con lo cual este Gobierno de Canarias, por medio de la consejera Milagros Luis Brito, margina a los centros pequeños, normalmente la mayoría ya que son los de las zonas rurales del archipiélago, y a los alumnos que van a dichos centros, ya que pierden el derecho a cursar lo que realmente quieren y les conviene. Esto supone que los alumnos de los centros pequeños cursen sólo una optativa, ya que lo normal será que no haya suficientes para cursar otras.Con este hecho, continúa la profesora, se está vulnerando el derecho principal y fundamental del estudiante, que es elegir realmente lo que quiere y debe estudiar para su futuro profesional, de ahí que la Plataforma entienda que en la educación pública no se pueda permitir estas cosas, algo que sí entenderían que se dé en los centros privados, en donde como es evidente prima el interés económico, pero no en un centro público en donde debe primar el interés general.Asegura que los colectivos que integran la Plataforma, bien de forma individual o colectiva, llevan mucho tiempo solicitando una reunión con los responsables del departamento educativo del gobierno de Canarias, pero todavía no han obtenido respuesta alguna, lo cual indica el talante poco dialogante que caracteriza por otro lado a la consejera Luis Brito.Por último, Zamorín afirmó que el marco normativo impuesto por Educación para fijar los ratios de alumnos para las asignaturas optativas es erróneo y claramente perjudicial para la calidad del sistema educativo, al tiempo que como ya dijo anteriormente vulnera los derechos de los alumnos a estudiar lo que quieran.En definitiva, son medidas que empobrecen claramante la oferta educativa y establece una discriminación con respecto a muchos centros, sobre todo aquellos situados en lugares rurales, pero también con los alumnos de los centros más pequeños ya que muchas materias dejan de impartirse y los jóvenes, nuestro futuro, no tendrán derecho a elegir y recibir formación adeuada con respecto a sus intereses particulares que están establecidos por ley en los diferentes niveles formativos.
